Víctor Travezaño M(director de Cooperando)
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas, financieras e institucionales más significativas de su historia democrática reciente. El colapso de Ueno Bank, la destitución del presidente Santiago Peña, las investigaciones judiciales y la incertidumbre sobre cientos de millones de dólares de recursos públicos han colocado al país ante una encrucijada que trasciende la sucesión presidencial.
Lo que comenzó como una intervención bancaria terminó sacudiendo los cimientos del poder político paraguayo. Casi tres millones de clientes afectados, ahorros inmovilizados, fondos públicos comprometidos y una investigación que alcanza a figuras del más alto nivel gubernamental configuran un escenario que obliga a formular una pregunta fundamental: ¿estamos ante una crisis coyuntural de Gobierno o frente al agotamiento de determinadas prácticas de poder que han condicionado la vida política paraguaya?
La respuesta tendrá consecuencias para el futuro de la democracia, la economía y la institucionalidad del país.
1. UENO BANK: EL DETONANTE DE UNA CRISIS QUE DESBORDÓ EL SISTEMA FINANCIERO
La intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, tras detectarse graves deficiencias en sus indicadores de solvencia, dejó al descubierto las vulnerabilidades de un modelo de expansión financiera que había alcanzado una dimensión extraordinaria.
La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos privados y públicos. Su rápida expansión y sus conexiones empresariales con sectores próximos al poder político habían generado interrogantes que adquirieron una dimensión mucho mayor cuando se produjo la intervención.
El problema no se limita a la situación patrimonial de una entidad bancaria. La cuestión central es cómo se permitió que una institución financiera alcanzara semejante dimensión y concentración de recursos sin que los mecanismos de supervisión consiguieran prevenir oportunamente el desenlace.
Especial preocupación merece la presencia de fondos públicos y previsionales. El dinero de los trabajadores, jubilados y contribuyentes no puede convertirse en instrumento de operaciones financieras cuyo riesgo no haya sido evaluado con rigor y transparencia.
La responsabilidad de esclarecer estos hechos corresponde a los organismos de supervisión, a la Fiscalía y a la Justicia. No puede haber privilegios para los grandes grupos empresariales ni para quienes ocupan posiciones de poder.
2. SANTIAGO PEÑA: LA CAÍDA DE UN PRESIDENTE Y EL CUESTIONAMIENTO DEL PODER
La destitución de Santiago Peña constituye el acontecimiento político más trascendente de esta crisis.
Sus vínculos empresariales anteriores con el grupo propietario de Ueno, las controversias relacionadas con el nombramiento de autoridades del Banco Central y las decisiones sobre recursos públicos colocaron a su Gobierno bajo un intenso escrutinio político y judicial.
Su salida no fue el resultado de una alternancia electoral, sino de un procedimiento de juicio político desencadenado por una crisis financiera que adquirió dimensiones institucionales.
Este hecho plantea una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto las relaciones entre el poder económico y el poder político pueden condicionar las decisiones del Estado?
La democracia no se limita a elegir periódicamente a los gobernantes. También exige transparencia, controles independientes, separación de poderes y responsabilidad ante la ciudadanía.
Las acusaciones contra Peña deberán resolverse mediante procedimientos judiciales y con pleno respeto a las garantías constitucionales. Pero, independientemente de su desenlace personal, el caso ha dejado una profunda interrogante sobre la relación entre los intereses privados y las instituciones públicas.
La caída de un presidente no puede convertirse en el cierre administrativo de un escándalo. Debe ser el comienzo del esclarecimiento de todas las responsabilidades que correspondan.
3. PEDRO ALLIANA: ¿CAMBIO DE GOBIERNO O CONTINUIDAD DEL MISMO SISTEMA?
La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia abre un nuevo capítulo, pero no representa necesariamente una transformación del poder político.
Alliana procede del mismo Partido Colorado y de la estructura gubernamental que acompañó a Santiago Peña. Por tanto, su principal desafío consiste en demostrar que la sucesión presidencial no será simplemente una operación de continuidad política destinada a contener los efectos de la crisis.
El nuevo mandatario tiene ante sí una responsabilidad que supera la gestión ordinaria del Ejecutivo: recuperar la confianza ciudadana y demostrar que las instituciones pueden actuar con independencia frente a los intereses empresariales y partidarios.
El anuncio de que se ha devuelto aproximadamente el 95 % de los depósitos cubiertos por el mecanismo de garantía constituye un avance en la atención inmediata a los ahorristas. Sin embargo, no resuelve automáticamente el problema de los fondos públicos y previsionales comprometidos.
La verdadera prueba de Alliana no será únicamente su capacidad para estabilizar la situación financiera, sino su disposición a permitir que las investigaciones alcancen a todos los responsables, incluso cuando puedan afectar a personas de su propio entorno político.
Si se limita a administrar la crisis y preservar los equilibrios internos del oficialismo, la desconfianza permanecerá. Si impulsa reformas verificables, transparencia y controles efectivos, podrá abrirse una oportunidad de reconstrucción institucional.
4. EL PARTIDO COLORADO ANTE SU PROPIA CRISIS
La crisis también representa un desafío para el Partido Colorado, una de las fuerzas políticas históricamente más influyentes de Paraguay.
Su prolongada presencia en el poder le ha permitido construir una amplia estructura territorial, institucional y electoral. Sin embargo, esa posición también lo coloca ante una responsabilidad especial cuando se cuestionan las relaciones entre dirigentes políticos, grupos empresariales y organismos públicos.
La destitución de Peña puede generar tensiones entre las diferentes corrientes internas del partido.
Una parte de sus dirigentes podría considerar necesario promover una renovación de autoridades y prácticas políticas para preservar la cohesión partidaria. Otros sectores podrían intentar reducir el alcance de la crisis y evitar que las investigaciones comprometan a figuras de mayor influencia.
Esta tensión puede determinar la evolución del oficialismo.
Pero el problema no debería reducirse a una disputa por el control de la organización. La cuestión fundamental es si el Partido Colorado está dispuesto a revisar las prácticas de ejercicio del poder y aceptar que ninguna estructura partidaria puede situarse por encima de las instituciones.
La renovación política no se demuestra cambiando nombres o distribuyendo cargos. Se demuestra modificando las reglas, garantizando controles y aceptando responsabilidades.
5. LA OPOSICIÓN: UNA OPORTUNIDAD QUE EXIGE RESPONSABILIDAD
La crisis también coloca a la oposición paraguaya ante una oportunidad política importante.
Los acontecimientos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el control parlamentario, fiscalizar la utilización de los recursos públicos y exigir independencia de los organismos reguladores.
Sin embargo, la oposición no debería limitar su actuación a capitalizar el desgaste del oficialismo.
Paraguay necesita una alternativa política capaz de articular propuestas sobre transparencia, desarrollo económico, protección social, modernización del Estado y fortalecimiento democrático.
Las fuerzas opositoras deberán superar sus diferencias, construir acuerdos programáticos y demostrar que pueden ofrecer una alternativa institucionalmente responsable.
La indignación ciudadana puede abrir espacios para una nueva representación política, pero esa posibilidad requiere organización, propuestas y credibilidad.
No basta con denunciar la corrupción: es necesario establecer mecanismos concretos para prevenirla y combatirla.
6. EL COSTO SOCIAL Y ECONÓMICO: LOS CIUDADANOS NO PUEDEN PAGAR LA FACTURA DE LA CRISIS
Detrás de las cifras financieras se encuentran millones de personas que dependen de sus ahorros para cubrir sus necesidades cotidianas.
Trabajadores, pequeños empresarios, jubilados y familias han sufrido las consecuencias de la inmovilización de sus cuentas.
A ello se suma la incertidumbre sobre los fondos previsionales y los recursos pertenecientes a instituciones públicas.
El riesgo es que una crisis inicialmente concentrada en una entidad bancaria termine afectando la confianza en todo el sistema financiero y en la capacidad del Estado para proteger los intereses de sus ciudadanos.
La recuperación de los depósitos garantizados es importante, pero quedan cuestiones pendientes: la recuperación de los recursos públicos, el esclarecimiento de las operaciones financieras cuestionadas y la determinación de las responsabilidades correspondientes.
Tampoco debe ignorarse el impacto sobre la inversión y la imagen internacional de Paraguay.
Un país que aspira a consolidar su crecimiento necesita instituciones confiables, reglas previsibles y organismos de supervisión independientes. Ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse indefinidamente sobre la desconfianza.
7. LOS POSIBLES DESENLACES: ¿RECOMPOSICIÓN DEL PODER O TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA?
La evolución de la crisis permite identificar cinco escenarios posibles, sin que ninguno pueda considerarse inevitable.
Primer escenario: recomposición del poder colorado.
El Gobierno de Pedro Alliana consigue contener los efectos financieros, mantener la cohesión del Partido Colorado y reorganizar las alianzas internas. La crisis se supera parcialmente, pero sin modificaciones profundas en las relaciones entre poder político y económico.
Segundo escenario: renovación interna del oficialismo.
La presión social y judicial obliga al partido gobernante a impulsar cambios en sus dirigentes, mecanismos de control y relaciones empresariales. Se produce una renovación parcial destinada a recuperar credibilidad.
Tercer escenario: profundización de las divisiones políticas.
Las investigaciones alcanzan a nuevos actores y generan enfrentamientos entre diferentes sectores del oficialismo. La pérdida de cohesión dificulta la gobernabilidad y abre espacios para una mayor reorganización de las fuerzas opositoras.
Cuarto escenario: ampliación de la crisis económica y social.
Las dificultades para recuperar los recursos públicos, la incertidumbre financiera y las consecuencias sobre el empleo y la actividad económica provocan nuevas movilizaciones y aumentan la presión sobre el Gobierno.
Quinto escenario: apertura de una etapa de reformas democráticas.
La sociedad, las organizaciones civiles, los sectores políticos y las instituciones impulsan reformas destinadas a fortalecer la independencia judicial, la transparencia financiera, el control de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Este último escenario no depende de la caída de un presidente, sino de la capacidad de transformar una crisis en un proceso de reforma institucional.
8. PARAGUAY ANTE UNA ENCRUCIJADA HISTÓRICA: LA DEMOCRACIA NO PUEDE SER PRISIONERA DEL PODER ECONÓMICO
La crisis actual obliga a revisar una cuestión fundamental: la calidad de la democracia paraguaya y su capacidad para impedir que los intereses económicos particulares condicionen las decisiones del Estado.
El crecimiento económico, la estabilidad monetaria y la atracción de inversiones son objetivos legítimos y necesarios. Pero no pueden convertirse en argumentos para debilitar los controles institucionales o tolerar relaciones opacas entre autoridades públicas y grandes grupos empresariales.
La democracia necesita algo más que estabilidad gubernamental. Necesita instituciones capaces de controlar al poder, una Justicia independiente, organismos reguladores técnicamente sólidos y una ciudadanía con capacidad efectiva de fiscalización.
Paraguay tiene ante sí la posibilidad de convertir esta crisis en una oportunidad para modernizar sus instituciones y fortalecer su sistema democrático.
Pero también existe el riesgo de que todo termine en una simple sustitución presidencial, una recomposición de las alianzas partidarias y el retorno progresivo a las mismas prácticas que hicieron posible esta situación.
La historia política de América Latina ofrece suficientes ejemplos de crisis que terminan resolviéndose mediante cambios de nombres sin modificar las estructuras que las originaron.
Paraguay no debería repetir ese camino.